Esta semana se hundió el proyecto de ley que buscaba establecer a la educación como un derecho fundamental. Solo le faltó un último debate en el Senado para ser aprobado, pero la polarización y la falta de consensos en la corporación sentenciaron a la iniciativa a no ser agendada durante la última semana de la legislatura y, por ende, a ser archivada.
Todo esto, no obstante que los primeros tres debates, aunque lentos, fueron exitosos, y lograron el apoyo unánime en cada uno de ellos. Pero, justamente, la manera en que se logró ese apoyo mayoritario en el tercer debate en la Comisión Primera del Senado fue lo que terminó sentenciando el futuro del proyecto.
Y es que para ello, el Gobierno y la bancada de oposición (liderada por el senador de Cambio Radical David Luna) llegaron a un acuerdo tras tensos días de deliberación, tras lo cual se construyó una enmienda que finalmente fue aprobada por los congresistas.
Las modificaciones en el texto no fueron bien recibidas por sectores oficialistas y por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que de inmediato entró en paro nacional indefinido para exigir que se cayera la iniciativa, bajo el argumento de que lo acordado “desdibujaba la esencia del derecho fundamental a la educación”.
Varios fueron los puntos de desacuerdo que derivaron en tres ponencias diferentes para el último debate, todas ellas con diferencias significativas en artículos específicos, y ninguna de ellas logró ser debatida en la plenaria del Senado.