MinTIC destaca que fallo obliga a los operadores a pagar $4,7 billones.
El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor del Estado en la demanda interpuesta en contra de Claro y Movistar, por la devolución prevista contractualmente de todos los equipos e infraestructura para el funcionamiento de la telefonía celular, obligándolos a pagar 4,7 billones de pesos por cuenta de la reversión de activos.
Según se conoció, Claro (Comcel) y Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) deberán pagar 3,1 billones de pesos y 1,6 billones de pesos, respectivamente, en un plazo máximo de quince días, y en caso de no cumplir con las fechas deberán pagar intereses de mora respectivos.
El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, explicó que “el tribunal, compuesto por Juan Carlos Cárdenas, María Teresa Palacio y Jorge Pinzón, determinó que la cláusula de reversión del contrato de concesión del año 1994 está vigente y es de obligatorio cumplimiento, lo que significa que en los contratos de concesión del Estado siempre que terminan la infraestructura regresa al Estado”.
El ministro también recordó que fue en 2013 cuando la Corte Constitucional señaló que en estos contratos la reversión de activos estaba vigente y que la infraestructura debía regresar al Estado. Luego, en el proceso de liquidación del contrato, la Procuraduría General de la Nación recomendó convocar un Tribunal de Arbitramento, fue así como se presentó una solicitud para resolver la controversia por medio de los apoderados del gobierno Gabriel de Vega y Gonzalo Suárez.
Por su parte, la compañía Claro aseguró que en los próximos días estudiará el alcance del laudo proferido, para tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes.
“Rechazamos el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual hemos hecho importantes inversiones en el país, cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país, mismas que han permitido el desarrollo de un sector vital para el bienestar de los colombianos”, señaló la compañía en un comunicado de prensa.
En el mismo sentido se pronunció Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) la que señaló que analiza el contenido de la decisión y que “adoptará las acciones legales para la defensas de sus intereses, la de sus accionistas y empleados y garantizar la prestación del servicios” a sus usuarios.
David Luna explicó que las firmas podrían apelar la decisión y recurrir a distintos tipos de mecanismos.
