Por estos días, y cuando estamos a escasos dos meses de la primera vuelta presidencial, es muy frecuente que periodistas, politólogos, jefes de debate y la opinión pública en general se pregunten: ¿cuál es el principal tema que debe ocupar la agenda de los candidatos presidenciales y del próximo Presidente de la República?
Debido a las desafortunadas circunstancias de nuestro país, es inevitable hablar en este momento de la denominada seguridad democrática y de los avances obtenidos hasta la fecha, especialmente en la zonas rurales de nuestro país. Logros que, sin lugar a dudas, deberá mantener y fortalecer el próximo mandatario de los colombianos.
Pero a la par del terreno abonado en las zonas rurales, no se puede descuidar, bajo ninguna circunstancia, la seguridad en nuestras ciudades. No en vano, en la actualidad somos un país mayoritariamente urbano. Según el Departamento Nacional de Estadística, el 75 por ciento de los colombianos habitamos en las ciudades, esto las ha convertido en escenarios poco seguros.
Soy un convencido de que debemos hablar de seguridad urbana, la cual se traduce en la existencia de normas policivas y judiciales, que faciliten la detección de contravenciones y delitos y a su vez garanticen la imposición de sanciones y penas congruentes, en un tiempo razonable, acompañadas de una política pública de prevención y cultura ciudadana, la cual tristemente desapareció.
Por ello, debe ser un compromiso y además una prioridad tanto para el Gobierno como para el Congreso de la República tramitar, si es del caso con mensaje de urgencia, el nuevo Código Nacional de Convivencia y de Policía (ponencia que radicamos desde el 29 de septiembre de 2009 para segundo debate) y la nueva Ley de pequeñas causas, ante su declaratoria de inconstitucionalidad.
Con el Código de Convivencia se busca actualizar la obsoleta normatividad existente desde hace casi 40 años y dictar un marco normativo que facilite desde las más elementales relaciones de convivencia, como las que se generan entre vecinos o con el entorno ciudadano y el ambiente, hasta la prevención del delito, generando la posibilidad de retener a una persona para su propia protección y la de la comunidad.
Lo anterior, enmarcado en los conceptos de seguridad y de prevención, con la finalidad de actualizar las normas existentes en materia de espectáculos y eventos masivos, requisitos para el ejercicio del comercio, la prohibición de la pólvora, entre otros temas.
En materia de procedimiento hay un importante avance y es la inclusión del efecto devolutivo en el que se concede el recurso de apelación cuando se impone la medida de cierre de los establecimientos. Esta situación generará firmeza y respeto por la decisión policiva, la hará verdaderamente ejecutable y facilitará la convivencia. También, es necesario tramitar una nueva Ley de pequeñas causas, que sancione con celeridad y severidad las conductas delictivas más frecuentes en los centros urbanos, así como la reincidencia. Se trata de los delitos más comunes y que más lesionan los derechos de los ciudadanos. Esa nueva Ley no toma en consideración el valor de los bienes afectados para imponer las penas.
En la más reciente encuesta de percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá a finales del 2009 se constató que el 80 por ciento de los bogotanos fueron víctimas del hurto simple como el raponazo callejero, el chalequeo en los medios de transporte, el robo de billeteras, de dinero, de celulares y de documentos personales. La situación de las demás ciudades no dista mucho de lo que se refleja en Bogotá. El 12 por ciento de víctimas de delitos lo fueron por hurto a residencias y/o negocios.
Pongámonos a tono con las exigencias de la sociedad, saquemos adelante desde el Congreso estas dos importantes iniciativas y dotemos desde ya a las autoridades de policía y judiciales de las herramientas suficientes para facilitarles la ejecución de lo que debe ser una prioridad en la agenda nacional: la seguridad urbana.
* Representante a la Cámara de Bogotá
David Luna *
